Surge de la prensa que distintas oficinas adscritas al inmueble que identificamos como el centro de operaciones del poder ejecutivo, así como la residencia del gobernador, tiene un atraso en el pago de la energía eléctrica de casi medio millón de dólares.

Versiones adicionales trataron de deslindar todas aquellas agencias u oficinas de la residencia per se. Obviamente, el costo político de adeudar medio millón de dólares sin que le quiten el suministro eléctrico es obvio.

En Puerto Rico existe una escalada en el costo de vida que amenaza en dividir la comunidad entre los que tienen y los que tienen muy poco o ni casi tiene। Los que tienen muy poco y los que casi no tienen rara vez se les perdona un atraso de luz eléctrica. Sin embargo son estos los que mas participan en las elecciones y los que con su voto señalan cada cuatro años a su nuevo verdugo. Así es nuestra democracia. Así de transparente.

De pronto surgen flancos de defensa para aclarar que lo que es obvio es un espejismo y que la casa del gobernador nada debe. Sin embargo ese mismo gobernador no tan solo es la cabeza de familia en su hogar. Es el jefe máximo de la rama ejecutiva en nuestra democracia flaca. Y como supervisor inmediato de los testaferros de cada una de las dependencias adscritas y sitas en el palacio de gobierno el deber la luz o no deberla es un conocimiento administrativo obvio que no debiera escapar a la buena administración del palacio de Santa Catalina. Sin embargo, así se vive en Puerto Rico.